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Dorado, el Presidente y los documentos de la Xunta de Galicia


En relación coas novas publicadas sobre destrucción de documentos na administración autonómica Pedro López Gómez expón o seu punto de vista:

papelA través de la prensa y la televisión, nos hemos enterado de la intervención en el Parlamento de Galicia del Presidente de la Xunta, el 15 de mayo, y de sus afirmaciones sobre la imposibilidad de presentar los contratos del gobierno gallego con las empresas de Marcial Dorado, con anterioridad al 2003, debido a que cada 10 años se destruye la documentación pública de este carácter.

Intervenciones posteriores del Secretario Xeral Técnico de Sanidade, el 16 de mayo, nos dicen que no es exactamente así, que hay una parte de la información que aún se conserva, pero que ni la consellería ni el SERGAS suscribieron nunca ningún contrato ni operación contable con las empresas de Dorado, y que además resulta imposible trasladar la documentación de los contratos de suministros energéticos, combustibles e informáticos, entre 1992 y 1998, por que se trata de un volumen desproporcionado.

Estas declaraciones nos hubieran sonrojado, si no estuviéramos ya tan acostumbrados a despropósitos similares en boca de nuestros dirigentes políticos. Tanto si es verdad lo que afirman el presidente o el secretario de la consellería, como si no lo es, la conclusión que se desprende nos habla tanto de la ignorancia de sus asesores, como del abandono en que se encuentra nuestro patrimonio documental, como ya sugeríamos con motivo de robo del Calixtino.

Porque evidentemente el Presidente no puede saber de todo, aunque algo debiera saber, por sus estudios, de documentos administrativos, y del proceso administrativo que implica que los expedientes tramitados deber ir a parar a un archivo, donde se custodiarán mientras sus valores (administrativos, jurídicos, fiscales, etc.) así lo exijan, antes de desembocar en un archivo histórico, o ser eliminados si dichos valores han desaparecido entre tanto y no se les reconoce interés de información para la investigación histórica…

Evidentemente, el Presidente no puede saber de todo. Y por eso tiene asesores, que en este caso no parecen muy bien informados. En cambio tiene archiveros, pocos pero buenos, incluso los de reciente ingreso, como Toño Fernández, que seguramente le habrían informado adecuadamente sobre el tema. Porque lo que afirmaba el Presidente apunta a un delito grave: la destrucción indiscriminada de elementos pertenecientes al patrimonio documental de Galicia, en un plazo que no sabemos quien ha establecido, y al margen de las posibles recomendaciones de una Comisión de Valoración, que no las ha podido dar, porque tal comisión no se ha puesto a funcionar.

Y si se habla de delito, habría que preguntarse que medidas va a tomar el conselleiro de Cultura, de quien dependen los archivos de la Xunta, la propia Presidencia, o los fiscales, ante tamaña agresión a un bien público.

Pero vamos a aceptar que el Presidente, asesorado erróneamente, dijo algo que no era cierto, lo que ya es grave. Vamos a aceptar la versión del Secretario xeral del Sergas: que es imposible proporcionar información sobre los miles de expedientes de contratación de los años solicitados. Entonces, el Sergas, que es una de las organizaciones públicas que más dinero mueve en este país,¿no tiene organizados sus archivos? ¿cómo se identifican sus expedientes? ¿no están clasificados? ¿no están descritos? ¿sus inventarios no están informatizados? Ya sabemos que no, pero vamos a fingir que nos escandalizamos, porque es nuestra obligación, como profesionales y como ciudadanos escandalizarnos ante semejante despropósito. Y por favor, no confundamos su archivo administrativo con los archivos de historias clínicas, cuya destrucción parcial y accidental,  en los casos en que no son de uso cotidiano, nos sobresalta periódicamente.

Pero no es sólo el Sergas, son la consellerías, en su mayoría, las que no disponen de un archivo que sea tal y no un mero almacén, servido por profesionales especializados y competentes a los que tradicionalmente se ha denominado “archiveros”. Recordemos los kilómetros de documentos públicos que se reparten en todo Santiago sin un control adecuado, porque año tras año, administración tras administración, se va difiriendo la aprobación de una ley referente al sistema archivístico de Galicia y a su patrimonio documental, que mientras tanto sigue, cuando no está controlado en los escasos archivos públicos existentes, manga por hombro.

Y esta es una responsabilidad evidente de la Presidencia de la Xunta, de las consellerías correspondientes, del Parlamento, y también de los agentes sociales, para quienes los documentos públicos sólo interesan en momentos puntuales en que hay que sacarlos a relucir, cuando su adecuada custodia y salvaguarda es una exigencia que incumbiría a todos, pues son soportes para la defensa de los derechos y deberes de las administraciones y de los ciudadanos, y una necesidad para la construcción de la memoria colectiva a través de los estudios históricos que se realicen.

Todo esto es un dolor. ¡Hasta cuando la ley de archivos de Galicia…!

                                                             Pedro López Gómez
                                     Catedrático de Biblioteconomía y Documentación
                                                                                   A Coruña, 17 mayo 2013

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3 Comentarios

  1. […] aparecen e que afectan a unha investigación xudicial; e se nos remontamos uns meses máis atrás expedientes de contratación da administración autonómica solicitados por deputados autonómicos e…, […]

  2. […] noticia máis vista foi Dorado, el Presidente y los documentos de la Xunta de Galicia publicada o 20 de maio. O día máis visitado coincidiu coa publicación desta nova, así como a […]

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